La intervención temprana en la sordera infantil ha demostrado ser eficaz para reducir o eliminar los efectos que el déficit auditivo ocasiona sobre el lenguaje, la cognición y las habilidades sociales de los niños que lo presentan. Así, con el fin de identificar precozmente la hipoacusia congénita se han implementado en los países occidentales programas de cribado universal neonatal con gran efectividad. Sin embargo, no todas las sorderas infantiles son detectables en dicho periodo neonatal. 

Por ello, para asegurar una pronta detección y tratamiento de la sordera infantil postnatal, que supone alrededor del 44 % de todas las sorderas infantiles, además de la vigilancia de los niños que presentan factores de riesgo de sordera, hay que adoptar otras medidas. Así, el planteamiento de un cribado de la hipoacusia postnatal a lo largo de todo el desarrollo infanto-juvenil, parece la forma más lógica y eficaz de evitar retrasos en el diagnóstico y tratamiento de la sordera. 

Nuevas recomendaciones para orientar y apoyar las políticas públicas

Desde el conocimiento del estado de la cuestión, contar con un protocolo, basado en criterios científicos, que defina instrumentos y métodos objetivos y estandarizados para realizar el cribado postnatal con eficacia, hacer el seguimiento de los casos con factores de riesgo y/o sospecha de sordera y establecer el canal de derivación al especialista y las estructuras de atención al niño y a las familias, son nuevos objetivos a abordar para hacer de los programas de detección precoz de la sordera un servicio continuo de prevención auditiva y de vigilancia de la salud y del desarrollo en la infancia, tal como mandata nuestro marco normativo y expresamente establece el l Plan Nacional para el Bienestar Saludable de las personas con discapacidad 2022-2026.

El nuevo trabajo de la CODEPEH para 2024 se centrará en llevar a cabo una profunda revisión científica y diseñar una propuesta de abordaje de dichos objetivos. Este trabajo se desarrolla en el marco del programa de FIAPAS "Promoción y Defensa de los Derechos de las personas con discapacidad auditiva y de sus familias", financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con cargo a la asignación tributaria y por la Fundación ONCE.